Dictinio Bellosa, jefe del Servicio de Montes del Principado, participó en el seminario jurídico Gerardo Turiel

El seminario jurídico Gerardo Turiel, que desde 1994 organiza el despacho Mijares Abogados en Oviedo, contó ayer con la presencia de Dictinio Bellosa, jefe del Servicio de Montes del Principado, quien habló sobre los montes de utilidad pública en Asturias. Bellosa hizo un repaso de la labor del servicio que dirige, formado por 123 personas, de las que 96 son guardas, quince técnicos y doce administrativos.

En su intervención explicó las diferencias entre los montes públicos y los privados y, dentro de los primeros, habló sobre los montes de dominio público o demaniales, los patrimoniales y los comunales, así como de sus características. Uno de los asuntos que salió a la palestra fue el de la dificultad de conocer a los propietarios de muchas parcelas y la facilidad que suponen para ello las concentraciones parcelarias. Dictinio Bellosa explicó que con esas concentraciones «lo que se hace es una reordenación de la propiedad, que da como resultado una escritura de propiedad. En muchos casos están siendo muy útiles, pero siempre tienen que tener un objetivo, es decir, sacarles un rendimiento».

Todos los montes de utilidad públicas están inscritos en un catálogo del Principado. Eso sí, en los comunales los ayuntamientos son quienes se organizan con los vecinos en sus aprovechamientos. «De todos los rendimientos, el 25% del beneficio, llamado fondo de mejora, se ha de reinvertir en el monte. El objetivo es que sea aprovechable y, al mismo tiempo, sostenible», explicó el jefe del Servicio de Montes. Y es que apuntó que «hay que obtener recursos, pero no solo la madera, sino otros como los espacios naturales protegidos que ahora pide la sociedad, a través de tratamientos selvícolas o simplemente no haciendo nada. El aprovechamiento no es solo el maderero, el pasto o las canteras, sino también el disfrute de la gente. El monte es de utilidad pública para que la gente lo disfrute».

Pero muchas veces el problema pasa por conocer los límites de esos montes de utilidad pública y se generan enfrentamientos con los vecinos colindantes. Para solventar esas situaciones se están acometiendo los deslindes de estos terrenos y ya se ha hecho con algo más de la mitad de los montes incluidos en el catálogo. «Se trata de declarar el estado posesorio del monte, indicar hasta dónde llega. Es un procedimiento muy garantista, ya que se avisa hasta tres veces a todas las personas que se pueden ver relacionadas y el proceso tarda dos años en culminarse».

Además, estos montes de utilidad pública cuentan con un plan anual de aprovechamiento, pues hay algunos que no tienen quién los aproveche, por lo que esos recursos se sacan a subasta.

Fuente: El Comercio