En el transcurso de las V Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de España, celebradas en Pamplona el mes de junio de 2009, se mostró una seria preocupación ante la incertidumbre que provocaba el retraso en el desarrollo reglamentario de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales que podía poner en grave riesgo el de ésta, cuando apenas faltaban dos años para su entrada en vigor y cuando, además, estaba pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña. Este retraso podía hacer, entre otras cosas, que no hubiera tiempo suficiente para que Universidades y Escuelas de Práctica Jurídica pudiesen acomodar sus programas y organización a la nueva reglamentación.
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo era consciente de que, cualquiera que fuese la normativa que finalmente se estableciera, sus colegiados se verían obligados al diario esfuerzo de adecuar sus conocimientos. La ciencia y la técnica jurídica no son conceptos petrificados, antes bien, la experiencia diaria y la formación continua, por la permanente y viva realidad de nuestro ordenamiento jurídico, les obliga a una perenne actualización.