¿Incapacitar a una persona? ¿Qué es la incapacidad? ¿Quién es el tutor? ¿Por qué instar la declaración de incapacidad?

En Mijares Abogados conocemos muy bien este tipo de problemática, así disponemos de abogados de familia expertos en la materia para poder asesorarles al respecto.

Las relaciones familiares no siempre son fáciles, no obstante, cuando uno de los miembros se encuentra en una situación sanitaria delicada, o se padece alguna afección de salud mental que impida el desarrollo pleno de la persona, resulta conveniente instar la declaración judicial de incapacidad.

¿Qué es la incapacidad?

Se trata de un estado en el que se declara que la capacidad de obrar (la aptitud de una persona para ejercitar sus derechos) de una persona se limita total o parcialmente, según las necesidades de esta persona, tras la solicitud de sus familiares, convivientes, terceros, autoridad sanitaria o por la Fiscalía.

Cada caso es diferente, y deberá estudiarse con cautela, y en cuanto a las incapacidades también. Recordando que no necesariamente deberá ser una declaración irrevocable.

Este procedimiento sencillo se inicia con una solicitud en la que deberá expresarse cual es la situación sanitaria, patrimonial, jurídica, las necesidades de esta persona, así como los motivos que llevan a solicitarla y la proposición de una persona para la asunción del cargo de tutor o curador, según el caso.

¿Quién es el tutor?

La persona designada por el Juzgado para velar por el incapaz, por la mas acorde y de conformidad con los familiares y allegados del incapaz, quien deberá rendir cuentas anualmente respecto del estado de salud, situación patrimonial, y las necesidades del mismo.

De su labor se puede derivar una responsabilidad por los hechos cometidos.

¿Por qué instar la declaración?

Se trata de regular una situación de hecho, a fin de poder suplir la capacidad de obrar de esta persona, en aquello que fuere menester.

En cualquier negocio jurídico, se necesita capacidad de obrar, y en los contratos, se necesita prestar consentimiento, debiendo ser consciente y en plenas facultades para ello, sin que intervenga violencia, intimidación, dolo y que la salud mental permita entender y conocer el objeto del contrato y la causa del mismo.

Es por ello, que a fin de evitar lesiones patrimoniales, en caso de contratos, u otro tipo de perjuicios, la incapacitación garantiza un medio de defensa, en tanto, existe un control judicial inicial respecto a si la persona ostenta capacidad de obrar, a la responsabilidad a exigir al tutor por los actos respecto del tutelado, y a la facultad de rescindir los contratos celebrados contra los intereses del tutelado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1291 del Código Civil.

E incluso legal, dado que el artículo 1263 declara que no pueden prestar consentimiento los que tienen su capacidad modificada judicialmente, en los términos señalados por la resolución judicial.

Así, en este sentido el artículo 271 del Código Civil indica que el tutor necesita autorización judicial para, al menos:

1º Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o

formación especial.

2º Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales,

objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o

realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa

la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.

3º Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el

tutelado estuviese interesado.

4º Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las

liberalidades.

5º Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

6º Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes

o de escasa cuantía.

7º Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.

8º Para dar y tomar dinero a préstamo.

9º Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.

10º Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título

oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

 

Cada caso es diferente, y deberá ser estudiado en concreto.

Para mayor información, detalle, y asesoramiento en el caso concreto quedamos a su disposición en nuestros despachos, e-mail, y en nuestras #rrss.

Contacte con nosotros y solicite su consulta en info@mijaresabogados.es o en el 985 213 722.

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